La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario ha sido aprobada el pasado 20 de marzo por el Congreso, y ya es inminente su publicación y entrada en vigor.
El desperdicio alimentario supone un reto y un gran desafío a nivel global, con gran impacto social, económico y medioambiental. Con esta normativa, España aspira a lograr el objetivo de una reducción del desperdicio alimentario en un 50% para 2030.
Esta ley trae consigo requisitos para todos los agentes de la cadena alimentaria, desde supermercados, industria alimentaria, restaurantes etc., que deberán aplicar la jerarquía de prioridades establecida por la Ley, así como desarrollar y aplicar un PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO, entre otros requisitos.
¿ A quién afecta?
- A todos los actores de la cadena alimentaria:
- Producción, transformación, distribución de alimentos
- Hostelería, restauración
- Entidades y asociaciones de distribución para la donación de alimentos
- Administración Pública
Algunos de los requisitos clave:
- Disponer de un Plan de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio aplicando la jerarquía de prioridades
- Aplicación de la Jerarquía de Prioridades (según art. 5)
- Establecer acuerdos y convenios para la donación de excedentes alimentarios
- Prioridad al consumo humano: Los excedentes deben ser redistribuidos primero antes de ser transformados para otros usos (como la alimentación animal o industrial).
- Cumplir con las medidas de reducción de residuos alimentarios (según Ley 7/2022 de residuos)
- Cuantificación de los residuos alimentarios, en colaboración con las administraciones públicas
Régimen sancionador: la ley fija sanciones para aquellas empresas que no adopten medidas para reducir el desperdicio.
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