TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Servicios de consultoría y apoyo, mantenimiento y auditoría en materia de transparencia:
La Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno tiene como objetivos ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública (mediante las obligaciones de publicidad activa); regular y garantizar el derecho de acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben de cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Esta Ley es de aplicación obligatoria para todas las Administraciones Públicas, entidades del sector público, órganos constitucionales y sus equivalentes a nivel autonómico, así como Fundaciones del Sector Público, Asociaciones constituidas por Administraciones Públicas o Sociedades Mercantiles con participación pública mayoritaria. De igual forma, quedan sujetos a la obligación de información pública las entidades privadas como los partidos políticos, sindicatos, organizaciones sindicales y otras entidades que perciban ayudas públicas.
El cumplimiento de la Ley 19/2013 obliga pues, a que las entidades/organizaciones obligadas lleven a cabo una serie de actuaciones que se concretan en:
En el marco de nuestros servicios de Cumplimiento Normativo, apoyamos a las organizaciones en la implantación de los requisitos legales asociados a la Transparencia y el Buen Gobierno corporativo.
Contamos con amplia experiencia en el asesoramiento e implantación de los requisitos legales incluidos en le Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La creación de un Portal de Transparencia y la búsqueda de su implementación más idónea para cubrir sus objetivos y llegar a los principales Grupos de Interés es un proceso ciertamente complejo en el que se precisan acercamientos desde diferentes visiones a nivel corporativo: Departamento Legal, Departamento IT, Departamento de Gestión, Alta Dirección, etc…
Para ello, contamos con equipos multidisciplinares que asesoran a cada organización en función de sus necesidades, recursos, protocolos internos, etc. para establecer canales de comunicación eficaces que garanticen el cumplimiento de la normativa asociada, tanto a nivel nacional como regional, si es el caso.